Soja transgénica comercial en México
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria emitió un permiso de liberación comercial de soja genéticamente modificada en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria emitió un permiso de liberación comercial de soja genéticamente modificada en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
En México se han llegado a sembrar más de medio millón de hectáreas de soja. Diversas razones, fitosanitarias principalmente, desincentivaron el cultivo en años recientes. El pasado jueves 7 de junio, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria emitió un permiso de liberación comercial de soja genéticamente modificada en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
La autorización, que contó con el previo cumplimiento de todo el proceso que corresponde en estos casos, incluyendo consultas y dictámenes de bioseguridad, considera la siembra en una superficie potencial de 253,500 hectáreas.
Más allá de los muy interesantes debates sobre aspectos ambientales de medidas como la autorización del uso de organismos genéticamente modificados en la agricultura mexicana, desde el punto de vista económico es indispensable poder evaluar la probable dimensión de estas decisiones de política pública.
Para ello, deben considerarse algunas cifras. De acuerdo con la información del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta, al cierre del 2010, en México se sembraron 165,000 hectáreas de soja, siendo cosechadas 153,000 hectáreas. De lo anterior, se puede concluir que el cultivo presentó una siniestralidad de 7.0 por ciento. A partir de la cosecha, se obtuvieron 168,000 toneladas de soja. Así, el rendimiento del cultivo se ubicó en 1.1 toneladas por hectárea.
Además, nuestro país es deficitario en la producción de soja. Por ello, en los últimos cinco años ha importado en promedio 3.5 millones de toneladas de soja, con un valor promedio anual aproximado de 1,550 millones de dólares.
Dada la nueva tecnología disponible, el primer efecto que pudiera esperarse de esta medida es una reducción significativa de la siniestralidad. Además, racionalmente se podría esperar un incremento en el rendimiento.
De todo ello, el efecto macroeconómico resultante sería un aumento en la producción total. Así, la balanza comercial agroalimentaria se debería ver beneficiada, disminuyendo de manera significativa las importaciones.
En un escenario conservador, se podría multiplicar la producción nacional actual 3.7 veces, obteniendo aproximadamente 615,000 toneladas.
Lo anterior, suponiendo que las 253,500 hectáreas fueran de la superficie total sembrada, es decir, no superficie adicional, que la siniestralidad se redujera a 3.0% y que la productividad se ubicara en 2.5 toneladas por hectárea (Brasil, Argentina y Estados Unidos producen tres toneladas por hectárea con tecnologías similares).
El efecto en la balanza comercial, si se supone un precio de importación de 550 dólares por tonelada, sería de cerca de 250 millones de dólares al año. Sinceramente, creo que nada mal para empezar.
En México se han llegado a sembrar más de medio millón de hectáreas de soja. Diversas razones, fitosanitarias principalmente, desincentivaron el cultivo en años recientes. El pasado jueves 7 de junio, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria emitió un permiso de liberación comercial de soja genéticamente modificada en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
La autorización, que contó con el previo cumplimiento de todo el proceso que corresponde en estos casos, incluyendo consultas y dictámenes de bioseguridad, considera la siembra en una superficie potencial de 253,500 hectáreas.
Más allá de los muy interesantes debates sobre aspectos ambientales de medidas como la autorización del uso de organismos genéticamente modificados en la agricultura mexicana, desde el punto de vista económico es indispensable poder evaluar la probable dimensión de estas decisiones de política pública.
Para ello, deben considerarse algunas cifras. De acuerdo con la información del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta, al cierre del 2010, en México se sembraron 165,000 hectáreas de soja, siendo cosechadas 153,000 hectáreas. De lo anterior, se puede concluir que el cultivo presentó una siniestralidad de 7.0 por ciento. A partir de la cosecha, se obtuvieron 168,000 toneladas de soja. Así, el rendimiento del cultivo se ubicó en 1.1 toneladas por hectárea.
Además, nuestro país es deficitario en la producción de soja. Por ello, en los últimos cinco años ha importado en promedio 3.5 millones de toneladas de soja, con un valor promedio anual aproximado de 1,550 millones de dólares.
Dada la nueva tecnología disponible, el primer efecto que pudiera esperarse de esta medida es una reducción significativa de la siniestralidad. Además, racionalmente se podría esperar un incremento en el rendimiento.
De todo ello, el efecto macroeconómico resultante sería un aumento en la producción total. Así, la balanza comercial agroalimentaria se debería ver beneficiada, disminuyendo de manera significativa las importaciones.
En un escenario conservador, se podría multiplicar la producción nacional actual 3.7 veces, obteniendo aproximadamente 615,000 toneladas.
Lo anterior, suponiendo que las 253,500 hectáreas fueran de la superficie total sembrada, es decir, no superficie adicional, que la siniestralidad se redujera a 3.0% y que la productividad se ubicara en 2.5 toneladas por hectárea (Brasil, Argentina y Estados Unidos producen tres toneladas por hectárea con tecnologías similares).
El efecto en la balanza comercial, si se supone un precio de importación de 550 dólares por tonelada, sería de cerca de 250 millones de dólares al año. Sinceramente, creo que nada mal para empezar.
