La UE tiene el proceso de autorización de transgénicos más lento del mundo
La Unión Europea tiene paralizada, con retrasos que superan los 120 meses, la autorización de cultivo de las semillas transgénicas, a la espera de una resolución política, a pesar de que su seguridad ya ha sido demostrada por la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea.
Los productos transgénicos aprobados para su consumo en la Unión Europea, han requerido una media de 45 meses de trámites para obtener una resolución. En países como Estados Unidos este trámite no requiere más de 25 meses.
La Asociación Europea de Bioindustrias (EuropaBio) ha publicado un informe sobre las ‘Aprobaciones de Organismos Modificados Genéticamente en la Unión Europea’ en el que se evidencia la lentitud europea en dicho proceso. Mientras que las variedades modificadas genéticamente que han logrado ser aprobadas en la Unión Europea (UE) han requerido una media de 45 meses, este proceso en países como Estados Unidos o Brasil no dura más de 25 ó 27 meses, respectivamente.
Estos datos se basan exclusivamente en el tiempo de aprobación de las variedades que finalmente han conseguido ser regularizadas (en la UE sólo están aprobadas dos variedades para su cultivo -maíz MON810 y papa AMFLORA- y 39 productos para su importación y uso en alimentación animal o humana). La realidad es que cada año entran en el sistema de autorización más productos transgénicos que los que salen con un dictamen. A día de hoy hay más de 20 peticiones pendientes de votación que ya han recibido la opinión favorable de Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Procesos de aprobación como el cultivo del maíz BT11 o del maíz Herculex I (1507) llevan paralizados desde 2001, acumulando a día de hoy más de 120 meses (10 años) a la espera de una resolución y habiendo recibido en su momento el informe favorable por parte de la EFSA. Otros, como el cultivo del maíz NK603 tolerante al herbicida glifosato (que puede importarse en la Unión Europea desde 2005) fueron informados favorablemente por la EFSA hace 29 meses, sin que se aprecie interés en ofrecer a los agricultores europeos esta herramienta para reducir sus emisiones de CO2.
Un tercio del tiempo destinado en la UE para aprobar un producto transgénico se destina a la pertinente tramitación de la Comisión Europea (CE) y a los procedimientos de votación. La CE espera una media superior a los 11 meses en pedir a los Estados miembros su voto, olvidando así el plazo de tres meses establecido en la legislación comunitaria. En el caso del cultivo de productos transgénicos el proceso de autorización nunca se ha aplicado correctamente.
Si estos procesos no se aceleran puede haber graves repercusiones comerciales. Los agricultores europeos están viendo cómo se les niega usar las semillas que sus competidores extranjeros usan libremente desde hace años. Además, la lentitud del sistema afecta negativamente a la inversión europea en innovación, perjudicando a otras áreas como la investigación y el desarrollo.
Ante este complejo y desigual panorama, según recoge el informe, la CE debe abrir el proceso de votación de los más de 20 procesos abiertos que ya han sido evaluados positivamente por la EFSA y que aún no han sido votados. Es necesario que la CE respete los plazos legalmente prescritos. Además, los votos de los Estados miembro tienen que basarse en los argumentos científicos emitidos por la EFSA y no en intereses políticos.
El informe también ve necesario que la EFSA mejore la comunicación sobre su actividad hacia la sociedad. También señala como clave una nueva estructura más óptima y efectiva del intercambio de información entre los solicitantes de la aprobación, la EFSA, y los expertos de los Estados miembros.
La Asociación Europea de Bioindustrias (EuropaBio) ha publicado un informe sobre las ‘Aprobaciones de Organismos Modificados Genéticamente en la Unión Europea’ en el que se evidencia la lentitud europea en dicho proceso. Mientras que las variedades modificadas genéticamente que han logrado ser aprobadas en la Unión Europea (UE) han requerido una media de 45 meses, este proceso en países como Estados Unidos o Brasil no dura más de 25 ó 27 meses, respectivamente.
Estos datos se basan exclusivamente en el tiempo de aprobación de las variedades que finalmente han conseguido ser regularizadas (en la UE sólo están aprobadas dos variedades para su cultivo -maíz MON810 y papa AMFLORA- y 39 productos para su importación y uso en alimentación animal o humana). La realidad es que cada año entran en el sistema de autorización más productos transgénicos que los que salen con un dictamen. A día de hoy hay más de 20 peticiones pendientes de votación que ya han recibido la opinión favorable de Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Procesos de aprobación como el cultivo del maíz BT11 o del maíz Herculex I (1507) llevan paralizados desde 2001, acumulando a día de hoy más de 120 meses (10 años) a la espera de una resolución y habiendo recibido en su momento el informe favorable por parte de la EFSA. Otros, como el cultivo del maíz NK603 tolerante al herbicida glifosato (que puede importarse en la Unión Europea desde 2005) fueron informados favorablemente por la EFSA hace 29 meses, sin que se aprecie interés en ofrecer a los agricultores europeos esta herramienta para reducir sus emisiones de CO2.
Un tercio del tiempo destinado en la UE para aprobar un producto transgénico se destina a la pertinente tramitación de la Comisión Europea (CE) y a los procedimientos de votación. La CE espera una media superior a los 11 meses en pedir a los Estados miembros su voto, olvidando así el plazo de tres meses establecido en la legislación comunitaria. En el caso del cultivo de productos transgénicos el proceso de autorización nunca se ha aplicado correctamente.
Si estos procesos no se aceleran puede haber graves repercusiones comerciales. Los agricultores europeos están viendo cómo se les niega usar las semillas que sus competidores extranjeros usan libremente desde hace años. Además, la lentitud del sistema afecta negativamente a la inversión europea en innovación, perjudicando a otras áreas como la investigación y el desarrollo.
Ante este complejo y desigual panorama, según recoge el informe, la CE debe abrir el proceso de votación de los más de 20 procesos abiertos que ya han sido evaluados positivamente por la EFSA y que aún no han sido votados. Es necesario que la CE respete los plazos legalmente prescritos. Además, los votos de los Estados miembro tienen que basarse en los argumentos científicos emitidos por la EFSA y no en intereses políticos.
El informe también ve necesario que la EFSA mejore la comunicación sobre su actividad hacia la sociedad. También señala como clave una nueva estructura más óptima y efectiva del intercambio de información entre los solicitantes de la aprobación, la EFSA, y los expertos de los Estados miembros.
