El Pleno del Parlamento Europeo rechaza la nacionalización del uso de OGM

Tras el rechazo tajante de la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo de la nacionalización del uso de organismos modificados genéticamente (OGM), hoy ha sido el Pleno del Parlamento Europeo el que ha rechazado la polémica propuesta de la Comisión Europea. Tras el rechazo tajante de la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo de la nacionalización del uso de organismos modificados genéticamente (OGM), hoy ha sido el Pleno del Parlamento Europeo el que ha rechazado la polémica propuesta de la Comisión Europea.

Una propuesta que según han expresado los eurodiputados supondría la reintroducción de controles fronterizos a nivel comercial entre los países que están a favor o en contra de la biotecnología agraria y alimentaria.

El rechazo de la propuesta ha recibido 577 votos a favor, 75 en contra y 38 abstenciones. “Con esta votación, enviamos una señal clara a la Comisión. Esta propuesta supondría un retroceso en los avances hacia el mercado interior y la unión aduanera”, ha señalado el presidente de la comisión de Medio Ambiente, Giovanni La Via (PPE, Italia). Los eurodiputados creen que la norma es prácticamente inaplicable y piden a la Comisión que presente una nueva propuesta.

La Via hizo hincapié en que no se ha elaborado un estudio sobre los efectos de la propuesta, su compatibilidad con el mercado único y, especialmente, su viabilidad. “No se han evaluado sus consecuencias potenciales y tampoco posibles alternativas”, recalcó el ponente. También advirtió de que la medida tendría un impacto negativo sobre el sector agrícola de la UE, que es muy dependiente de los transgénicos para el suministro de proteínas.

La propuesta de la Comisión Europea fue rechazada por numerosos órganos e instituciones comunitarias en cuanto fue conocida públicamente. Una legislación que pondría en peligro el mercado comunitario de alimentos y piensos con graves consecuencias económicas y sociales. En España un total de 17 organizaciones, entre las que se encuentra la Fundación Antama, rechazaron públicamente dicha propuesta. La cadena agroalimentaria europea también mostró su rechazo a través de una carta conjunta.